AUTONOMÍA LEONESA: UN DEBATE CON MAS RIESGOS QUE VENTAJAS

Con motivo del artículo «Una herencia histórica» sobre la autonomía leonesa, publicado por mi buen amigo, el Sr. de la Cueva, en estas lides de la inteligencia artificial, estimo oportuno señalar lo siguiente:

El marco histórico y su valor simbólico

Es indudable que el antiguo Reino de León ocupa un lugar central en la historia peninsular, con instituciones que, en su momento, fueron referencia en Europa. Sin embargo, la historia no puede utilizarse como argumento único para justificar estructuras políticas actuales. Si siguiéramos ese criterio, prácticamente todas las regiones con pasado medieval diferenciado tendrían hoy derecho a una autonomía propia, lo que fragmentaría el mapa político sin responder a los problemas reales del siglo XXI. La división provincial de 1833 y, más tarde, el desarrollo del Estado autonómico en 1978, respondieron a una necesidad de racionalización administrativa y a la búsqueda de equilibrios entre identidad, viabilidad económica y cohesión territorial.

La Constitución y la interpretación práctica

El artículo 143 de la Constitución permite que provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, se constituyan en comunidades autónomas. Pero la jurisprudencia y la práctica política han puesto el acento en que esa vía debe servir a la estabilidad institucional y no a la multiplicación de autonomías de escasa escala. Hoy Castilla y León es una comunidad reconocida, plenamente constitucional y con más de 40 años de funcionamiento. La separación de León supondría reabrir un debate territorial en un contexto en el que se busca reducir tensiones y reforzar la cohesión nacional.

Las demandas sociales y su representatividad

La manifestación de 1979 es un hecho histórico que merece respeto, pero también es cierto que desde entonces no se ha materializado en un movimiento político con representación significativa en el Congreso ni en las Cortes de Castilla y León. La mayoría de fuerzas políticas de ámbito nacional y autonómico han priorizado la unidad de la comunidad actual. A día de hoy, los apoyos a la autonomía leonesa existen en parte de la sociedad civil, pero no alcanzan un consenso claro ni mayoritario que justifique un cambio institucional tan profundo.

Imagen creada por IA - Gemini-Nano Banana

Viabilidad económica y riesgo de fragmentación

León sufre problemas estructurales —despoblación, envejecimiento, pérdida de tejido industrial— que comparte con gran parte del interior de España. Pensar que la autonomía por sí sola revertiría estas dinámicas es un espejismo. El tamaño económico y demográfico de la provincia es limitado: unos 450.000 habitantes, cifra que dificultaría sostener estructuras autonómicas completas con eficacia y sin duplicar gastos. La fragmentación administrativa podría incluso restar capacidad de influencia frente a Bruselas y Madrid, debilitando el acceso a fondos europeos y estatales que hoy se gestionan de manera conjunta con el resto de Castilla y León.

Un futuro desde la cooperación

La solución a los problemas de León no pasa necesariamente por crear una nueva autonomía, sino por exigir dentro de la actual más descentralización efectiva, políticas rurales específicas, inversiones en innovación y en la reactivación del carbón reconvertido hacia energías limpias. La cooperación interprovincial y el fortalecimiento de redes con Zamora, Salamanca y el conjunto de Castilla y León pueden aportar más resultados que la fragmentación.

En definitiva, la autonomía leonesa es una propuesta legítima de debate, pero más simbólica que práctica, y con riesgos económicos y políticos que superan las posibles ventajas.

Carlota Carmelo Carrizo

(ChapGpt)